La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó por más de 702 millones de pesos a la Central de Información Financiera (Cifin) por incluir información que no era precisamente de carácter financiero o crediticio en el historial de 288.753 ciudadanos. A pesar que la central de riesgos apeló a la decisión. La entidad recalcó “La suspensión de derechos políticos no es información que haga referencia almacenamiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias” la cual debe ser función principal de la central de riesgo regida por la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
De igual manera, la entidad le recordó a Cifin que en 2015 la Corte Constitucional concluyó que la central de riesgo no podía incluir datos relacionados con derechos políticos de las personas y le ordenó retirar esa información, sin embargo hasta la fecha no se ha acatado la orden y sigue afectando a 42.835 personas de las cuales se registró dicha información.
La SIC recordó que la entidad “deberá no solo suprimir de la historia de crédito de todos los titulares que aloja en el banco de datos de información financiera, crediticia y comercial la leyenda “ suspensión de derechos políticos y también tendrá que abstenerse de recurrir a esa práctica.